Me pasé a vivir a la orilla de Amatitlán poco después del terremoto, seducido por que hubiera un lago tan hermoso a sólo media hora de la ciudad. Me iba a trabajar a las 7:30 y llegaba a las 8:00. Sus aguas eran azules como las de Atitlán; nadábamos; usábamos el cayuco del guardián para remar; compré un velerito viejo, que apenas navegaba.
Cámara rápida a 2015. Para entonces había vivido en cinco casas alquiladas y construido la propia. Dejé de nadar cuando me di cuenta de que mis manos desaparecían en el agua poblada de cianobacteria, producto de la contaminación con materia orgánica, fósforo y potasio. Como parte de los movimientos sociales de la época, di una plática sobre Amatitlán, que fue el inicio de un trabajo voluntario por el rescate de la cuenca y del lago.
Diseñé un programa autofinanciable, que incluía cargos por agua a turbinar, venta de agua para potabilizar, cargos por contaminación para grandes usuarios y un canon por aguas servidas para los vecinos. Como parte del Comité del Lago de Amatitlán, presenté este programa a la AMSA y aunque no tuvo mayor eco me aceptaron en su Comité de Vigilancia; allí me quedaron claras su dependencia del Ejecutivo y sus rigideces presupuestarias.
Vámonos ahora a 2024. A raíz de la toma de posesión de Arévalo, la doctora en biología Enma Díaz fue nombrada Directora Ejecutiva de la AMSA. Con Enma trabajamos juntos en un plan de acción forestal nacional cuando yo tenía una empresa consultora y coincidimos como directores en un programa del PNUD, que otorgaba pequeñas donaciones a organizaciones rurales. Cuando le escribí para felicitarla, me respondió invitándome a integrarme a su equipo, en calidad de asesor.
Había estado trabajando ad honorem y agradecí la oportunidad de colaborar de una forma más sistemática. Además, conocía de primera mano la honradez, preparación y capacidad de Enma. Dentro de mi pequeño contrato, concentré mis esfuerzos en procurar el tratamiento adecuado de los efluentes que llegan al lago.
El acuerdo 236-2006 sigue vigente, aunque la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a las municipalidades para que no presentaran los informes requeridos en 2024. Igual, la experiencia me había convencido de la importancia de trabajar por las buenas y no en forma coercitiva. Por ello, me dediqué a buscar financiamiento y apoyo para desarrollar proyectos de tratamiento de aguas residuales.
Para empezar, hay 132 PTAR [plantas de tratamiento de aguas residuales], municipales y privadas, en diferentes grados de operación, incluyendo las abandonadas; esta lista fue depurada por la AMSA a unas 50. El primer objetivo fue poner a operar al 100% las que fuera posible, para lo cual visitamos una muestra. El siguiente objetivo era desarrollar nuevos proyectos y para los dos se necesitaba financiamiento.
Me puse en contacto con el ministerio de Finanzas, SEGEPLAN y las agencias de cooperación alemana, coreana, japonesa, taiwanesa y otras. Le planteamos al ministro de Finanzas el desarrollo de un humedal en la desembocadura del río Villalobos y le pedimos que nos autorizara tramitar canjes de deuda por naturaleza con los acreedores de Guatemala. Nos dijo que no hacía falta y pasamos el resto del año en comunicación de ida y vuelta, con el ministro y su asistente. Ninguna de las demás organizaciones respondió en forma positiva.
En el ínterin, nos pusimos en contacto con empresas privadas de potabilización y tratamiento de agua e hicimos una encuesta para ver cuánto gastan los vecinos en la compra de agua domiciliar. Esto nos iba a servir para estimar cuánto podrían pagar por un servicio de agua potable 24/7. Es incongruente exigir que la gente pague por aguas servidas cuando no tiene agua potable, por lo que desarrollamos un combo de potabilizadora/PTAR, para que las empresas privadas ofrecieran agua potable a municipalidades y vecinos, incluyendo el tratamiento de los efluentes generados.
La municipalidad de Villa Canales está interesada en uno de estos combos; lo está negociando con una compañía de los Países Bajos. Se continuará con la encuesta para hacerles propuestas similares a las demás municipalidades de la cuenca. Por su parte, el representante de una empresa española consiguió fondos para rehabilitar cuatro de las 50 plantas que no estén operando en forma óptima.
Para nuestra grata sorpresa, a principios de año se recibió una notificación del ministerio de Finanzas, indicando que se había asignado fondos para desarrollar la primera fase del humedal. Por problemas de líneas presupuestarias, la ejecución de los fondos se ha complicado, pero su utilidad potencial permanece. En paralelo, el equipo de Enma logró controlar los incendios provocados en el vertedero de Villa Nueva, rehabilitar un biodigestor e instalar un laboratorio biomolecular para el análisis de agua.
No se ha limpiado una sola gota adicional del agua que entra al lago todavía. El año pasado se fue en propuestas y planes. Sin embargo, los financiamientos obtenidos quizá permitirán cosechar algunos frutos de lo que se sembró.
Quedan en la orfandad las 50+ PTAR existentes, menos cuatro. Por la escasez de fondos y la renuencia a invertir de las municipalidades, se está conformando un grupo de vecinos del sector privado, que tienen voluntad de colaborar. El futuro de Amatitlán depende de la suma de todos estos pequeños y grandes esfuerzos y es tarea de todos, dado el potencial recreativo, económico y pesquero del lago y la nada lejana posibilidad de que se convierta en una de las principales fuentes de agua potable para la ciudad de Guatemala.
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